Artículo de Joan Uribe Vilarrodona, Director Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona
Desilusionante. A la espera de
conocer el texto completo que se apruebe en relación a los desahucios, es
difícil decir menos que eso.
Hay cuestiones de letra pequeña que,
como en los contratos hipotecarios, marcan la diferencia. Conceptos como suspensión, moratoria, carencia y que
están apareciendo en los medios de comunicación, deberían ser bien conocidos
para la mayoría de la sociedad: suspender,
es dejar de ejecutar una acción, pero de manera temporal, algo así como
atrasar, manteniendo condiciones y la consiguiente incerteza inmovilizante
sobre las personas afectadas.
Moratoria y carencia, tendrían como sinónimo común,
la palabra aplazar. Y aplazar, en
este caso, no supone sólo dejar para más
adelante la posibilidad del desahucio; también implica que durante ese
tiempo, y mientras la letra pequeña no diga lo contrario, la deuda y los
intereses generados siguen aumentando, con lo que, pasados los dos años, la
situación de la persona afectada es de más difícil resolución, y la espada de
Damocles, más afilada y lacerante.
Después, está el eterno olvido: ¿Hay
que elegir entre salvar del desahucio a familias numerosas, personas mayores y
personas discapacitadas, o salvar a personas solas y familias no numerosas? El problema es de calado y gravedad como para
intervenir sobre todo el que lo necesite, sin excluir.
Resulta pues difícil aceptar estos menos-que-mínimos, así como la aparente
dificultad para consensuar una línea de acción: las tragedias personales, se
pagan, algunas, con costo de vidas. Y la mayoría con billete sólo de ida a la exclusión social hereditaria de por vida.
Por otra parte, existen suficientes
elementos que deberían hacer esta tarea más fácil: el evidente clamor y acción
social de resistencia ante los desahucios es uno de ellos. También, en los
últimos tiempos se han movilizado suficientes agentes sociales como para que
nuestra clase política pudiese abordar esta cuestión con más presteza y
capacidad de dar respuestas reales al problema, no sólo durmiéndolo en el cajón
del tiempo. Me refiero al trabajo de incidencia de sindicatos y entidades
sociales; a la movilización, acción contra los desalojos, incidencia y
aportación de conocimiento sobre alternativas para abordar el problema de
diversas Plataformas; a la activación por parte de numerosas administraciones locales
de servicios de apoyo; incluso al valiente posicionamiento de sectores
policiales que se comprometen con la sociedad de la que forman parte al
plantear la objeción de conciencia a su intervención a los desalojos.
Y finalmente, la Judicatura. Más
allá de manifestar su desacuerdo con los desahucios, miembros de la Magistratura,
especialistas en Derecho Civil y en otras especialidades del Derecho, llevan
años elaborando y publicando estudios y informes que abundan tanto en la
injusticia del sistema actual, como en aportar vías de gestión de la situación.
Parece, pues, que hay suficientes elementos como para que la modificación legal
pueda ser, con una intención declarada y motivada, completa y rápida.
Ante esto, no puedo dejar de
preguntarme qué le pesa más en la balanza a la clase política: ¿evitar que la
población en exclusión social, que ya crece sin parar por otros motivos, no
crezca, al menos, por ser víctimas del desahucio?, o ¿realizar una maniobra de
menos-que-mínimos, sin consenso, ante la inminencia de la probable inminente
entrega de más de 500.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para
revisar la actual Ley? En definitiva, de lo que hablamos, es de saber si el
Poder Político electo intenta, al menos en este tema, tomar las riendas al
Poder Económico, o si el Poder Económico sigue gobernando políticamente en lo
económico -¿y que no es económico?-, por encima del Poder del Pueblo.
